Los días 29 y 30 de noviembre de 2018 se celebró el Seminario Internacional sobre Integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia: buenas prácticas para las empresas y las administraciones públicas en el siglo XXI, organizado por Transparency International España en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La actividad contó con la participación de representantes de la sociedad civil, el sector público y el privado, quienes reflexionaron sobre un reto común: la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de una cultura de la integridad en España.

El Seminario sirvió, además, como acto de clausura del Proyecto Integridad, desarrollado por Transparency International España en los últimos 4 años con la financiación de Siemens Integrity Initiative. En este sentido, la actividad sirvió para poner en valor todas las iniciativas ejecutadas en el marco de este proyecto, cuya finalidad era el fomento de la integridad corporativa desde un enfoque holístico, a través de tres grandes áreas: gobernanza corporativa, contratación pública y transparencia.

Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité de Dirección de Transparency International España, ha sido la Experta Senior del área de trabajo del proyecto relacionada con la gobernanza corporativa y destacó la importancia de los productos del Proyecto Integridad. Entre ellos, la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción. Se trata de una herramienta muy útil para que las empresas puedan evaluar el grado de desarrollo de sus programas de cumplimiento, de su gobierno corporativo y, entre otras cosas, sus iniciativas anticorrupción.

Asimismo comentó los logros del área de trabajo de contratación pública, cuyo Experto Senior ha sido Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, en cuyo marco fueron desarrollados los Pactos de Integridad como herramienta de monitoreo para prevenir la corrupción y mejorar la eficacia en la contratación pública.

Beltrán Gambier, Experto Senior en el área de transparencia, también destacó los logros en este ámbito. Entre otras cosas, se hicieron talleres, consultas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, e informes sobre la implementación y cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en el sector privado.

Avances y retos en cumplimiento normativo

Buena parte del Seminario Internacional se dedicó al análisis de los avances y retos de las empresas en el ámbito del cumplimiento normativo. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se centró en un elemento indispensable en esta área: la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de la reforma de 2015 del Código Penal.

Después de hacer un análisis sobre la jurisprudencia, Sánchez Melgar destacó que su punto de vista es conciliador: los programas de compliance pueden exonerar a las personas jurídicas de responsabilidad penal, pero el incumplimiento de los deberes de supervisión no puede constituirse en una prueba para la defensa.

Posteriormente, varios responsables de cumplimiento normativo de empresas privadas participaron en una mesa redonda para poner de manifiesto las experiencias, avances y buenas prácticas en el ámbito del compliance. Pedro Montoya, compliance officer de Aleatica, señaló que ha habido logros significativos: “Se ha propiciado el nacimiento de una nueva profesión, hay mucha más capacitación. Pero, sobre todo, existe un mayor reconocimiento de la importancia de esta función dentro de las propias empresas”.

María Zabala, compliance officer Onshore & Spain de Siemens Gamesa Renewable Energy, señaló que el compliance ha ganado mucha relevancia. Una muestra de eso es el caso particular de su empresa: “Un nuevo proyecto no se puede poner en marcha si no ha pasado por la aprobación del departamento de compliance. No tenemos la última palabra, pero sí podemos dar recomendaciones”.

Por su parte, Iñaki Larranzair Aloy, local compliance officer de Abertis Autopistas España, señaló que siempre se había llevado a la práctica el compliance en las empresas, pero que lo que hacía falta era la organización de esas funciones. Apuntó que el reto está en explicar internamente por qué es importante este trabajo: “Nosotros luchamos durante un periodo para que se reconociera el compliance internamente, y ahora podemos decir que forma parte del ADN de la propia empresa”. Agregó que el compliance tendrá una mejor posición competitiva, y que en el futuro los programas de cumplimiento normativo serán valorados, entre otras cosas, en los procesos de contratación pública.

La siguiente mesa de debate se centró en la cultura empresarial, el compliance y el buen gobierno en entidades privadas y en Sociedades Mercantiles Estatales. En este tema, Silvina Bacigalupo señaló la importancia de definir adecuadamente los conceptos. “La eficacia de un modelo de cumplimiento no se puede medir a partir de la cultura empresarial. La cultura empresarial permitirá valorar la actitud de la empresa hacia el cumplimiento normativo, pero no ayuda a saber si se ha cumplido una norma concreta de las políticas internas de la empresa. Hay que distinguir, por un lado, entre ética y derecho, y, por otro, entre ética y cultura empresarial”, apuntó.

Agregó que debe haber un trabajo conjunto para lograr resultados: “Todos los actores que están involucrados en la promoción de la ética y el buen gobierno, entre ellos las empresas, tienen que evaluar hasta dónde quieren llegar con sus compromisos. En este sentido, la Agenda ODS 2030 es una hoja de ruta muy importante”.

Por su parte, Manuel Luis Pérez García, subdirector adjunto de la Asesoría Jurídica del Tribunal de Cuentas, señaló la importancia de los principios y valores: “Todo se relaciona con la calidad institucional en el sector empresarial, especialmente en las empresas públicas, cuyo destinatario es la ciudadanía”.

Agregó que se deben hacer políticas en las empresas públicas: “Debemos preguntarnos qué empresa pública queremos en conexión con los principios de buen gobierno corporativo. Hay que tender hacia una unicidad entre el sector público y la empresa privada, salvaguardando la naturaleza de cada ámbito”.

Concepción Ordíz, abogada del Estado y secretaria general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, apuntó que las Sociedades Mercantiles Estatales no solo existen para generar beneficios. “No están para dar pérdidas, pero su objetivo no solo es el beneficio. Detrás de ellas debe haber un interés público y estratégico”, señaló.

Agregó que, más que formar, debe darse a conocer la importancia del cumplimiento normativo y la cultura empresarial entre los empleados. “El compliance ha venido para quedarse en las Sociedades Mercantiles Estatales”, señaló.

En el seminario también se relataron experiencias de trabajo conjunto entre las empresas privadas y la sociedad civil. Concretamente, se comentó la importancia de los Foros de Integridad Corporativa, desarrollados por Transparency International, para la promoción de la cultura de la integridad en el sector privado. Representantes de TI en Eslovenia, Suecia y Francia destacaron los logros y retos en este ámbito. En España se ha desarrollado una experiencia piloto, que ya está institucionalizada y forma parte de la Business Integrity Forum International Network.

Del mismo modo, se destacó en una mesa la importancia de los canales de denuncias y la protección a los alertadores, para prevenir y reducir la corrupción. Anna Myers, directora de WIN-Whistleblowing International Network, señaló que es importante que exista un verdadero compromiso en las organizaciones para proteger a los denunciantes de malas prácticas. Gracia Ballesteros, gerente territorial en Acuamed, se pronunció en esta misma línea, y relató la amenazas, y el coste económico y psicológico que sufrió como denunciante del caso de corrupción en esta empresa pública,

Pamela Bartlett Quintanilla, integrante del grupo político Verdes/ALE en el Parlamento Europeo y experta en temas de transparencia, explicó los avances en la propuesta de Directiva Europea para proteger a los denunciantes, que se espera que pueda aprobarse antes de mayo de 2019.

Los Pactos de Integridad y el compromiso con la transparencia

Otra de las mesas del Seminario se dedicó a los Pactos de Integridad, una iniciativa de auditoría ciudadana de procesos de contratación pública. “Los Pactos de Integridad no solo sirven para prevenir la corrupción, sino para mejorar la eficacia del Estado”, destacó Manuel Villoria, integrante del Comité de Dirección de Transparency International España.

En España, esta herramienta se ha puesto en marcha en tres administraciones: el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat Valenciana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A grandes rasgos, la iniciativa consiste en el monitoreo de contratos públicos por parte de un grupo de expertos seleccionados por Transparency International.

Tal y como señaló Astrid Solhaug, Policy Officer de la CE, DG Regional and Urban Policy, Competence Centre Administrative Capacity Building, los Pactos de Integridad son formas innovadoras de abordar las contrataciones públicas: “Nos apoyamos en la colaboración de la sociedad civil, que es algo muy importante. Gracias a esta estrategia, puede aumentar la confianza entre los participantes del Pacto de Integridad y también en el público en general. Además, puede suponer un ahorro de los costes y una reducción del tiempo total de ejecución. Aún no podemos sacar conclusiones definitivas, pero es un modo de trabajar que ya evaluaremos cómo funciona en el futuro”.

En cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública, José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, defendió la importancia de considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que es una materia aún pendiente en España.

En este mismo sentido, Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, señaló que esa es, justamente, una petición de la sociedad civil española desde hace mucho tiempo: en 2016 más de 50 académicos firmaron una carta para pedir el reconocimiento del derecho de acceso a la información. Apuntó que también es necesario el fortalecimiento de la Ley 19/2013 y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que necesita más poderes y recursos.

Javier Amorós, subdirector del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, destacó que ha habido muchos avances: con la publicación de la Ley 19/2013 por primera vez se empezó a hablar de la importancia de la transparencia en la rendición de cuentas y de la necesidad de una política pública en esta materia. “Se necesita todavía desarrollo, pero hay que reconocer que se puso en marcha una política de transparencia que hasta ese momento no existía”, señaló.

Agregó que aún existe un desconocimiento de la ley entre los ciudadanos y, por eso, es necesaria una verdadera campaña de comunicación que se enfoque en la importancia del acceso a la información en la vida cotidiana de las personas. “Hay que trasladar el mensaje de que la vida puede ser mejor gracias al acceso a la información. No solamente es útil para los investigadores, sino incluso para conocer servicios que permitan disfrutar de cosas tan sencillas como unas vacaciones”.

FOTOS DEL SEMINARIO

SEMINARIO: Se pueden consultar los vídeos de todas las intervenciones en los siguientes enlaces:

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte