Madrid, 9 de febrero de 2021. El Índice de Empresas de Defensa 2020 (DCI – Defence Companies Index 2020), elaborado por Transparency International, revela que casi tres cuartas partes de las empresas de defensa más grandes del mundo no poseen medidas suficientes para prevenir la corrupción o muestran poco o ningún compromiso para combatirla. El análisis de los resultados arroja que la mayoría de las empresas obtienen las puntuaciones más bajas en las áreas comerciales, expuestas a mayores riesgos de corrupción.

El DCI es el único índice global que analiza el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en las 134 empresas de defensa más grandes del mundo. Para realizar este análisis, se toma la información disponible públicamente para evaluar la calidad, el alcance y la disponibilidad de las políticas y los procedimientos contra el soborno y la corrupción en 10 áreas clave en las que un mayor compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia de la información podría reducir los riesgos de corrupción en la industria de defensa. A su vez, este índice se estructura en 6 niveles de compromiso y cumplimiento: A (muy alto, solamente con 2 empresas), B (alto, con 14 empresas), C (moderado, con 21 empresas), D (limitado, con 23 empresas), E (bajo, con 31 empresas) y F (muy bajo, con 43 empresas).

En el caso de España, las empresas Indra (55 puntos/110) y Navantia (61 puntos/110) demuestran un compromiso moderado (ambas, con clasificación “C”) de transparencia y prevención de la corrupción. Esta situación demuestra un esfuerzo significativo en comparación con el número total de las empresas evaluadas, pero refleja que todavía es necesario seguir trabajando enormemente hacia el fortalecimiento de los programas anticorrupción y de cumplimiento, así como en los protocolos de prevención de sobornos a funcionarios extranjeros y en el establecimiento de canales de denuncia eficaces, seguros y plenamente adaptados tanto a las exigencias derivadas de la Directiva 2019/1937 como a las buenas prácticas internacionales, pues toda mejora y correcta implementación de los estándares anticorrupción fortalecen la protección de todos los empleados y directivos de la empresa.

El Código Penal y la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha contribuido a que las empresas españolas hayan hecho muchos avances, pero los resultados del índice ponen de manifiesto que es necesario adoptar un marco de integridad más allá del cumplimiento (integrity beyond compliance), un enfoque que estamos desarrollando con nuestras empresas miembro desde el Foro de Integridad Corporativa.

 

Algunos resultados claves que podemos destacar:

  • Solo 12% (16) de las 134 empresas evaluadas reciben una clasificación superior “A” o “B”, demostrando un alto nivel de compromiso con la lucha contra la corrupción.
  • 73% (98) se sitúa en “D” o menos, lo que indica un escaso compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
  • De las 36 empresas (26.8 %) que obtuvieron una “C” o más, 21 (58.3 %) tienen su sede en Europa y 13 (36%) tienen su sede en América del Norte.

El estudio constata que muchas empresas no reconocen públicamente que enfrentan mayores riesgos al hacer negocios en mercados propensos a la corrupción ni tienen medidas para identificar y mitigar estos riesgos. En general, no se demuestran medidas suficientes para prevenir la corrupción en compensaciones económicas (offsets) incorporadas a los contratos de defensa y la mayoría no implementa medidas adecuadas para contrarrestar el alto riesgo de soborno asociado con el uso de agentes e intermediarios para negociar acuerdos en su nombre.

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