Madrid, 22 de julio de 2019.- Transparency International España ha enviado a la Organización de las Naciones Unidas un informe alternativo para el Examen Periódico Universal de España, que se realizará entre enero y febrero de 2020. En este documento se realiza un análisis sobre la situación de la prevención y la reducción de la corrupción en España en tres ámbitos: la administración de justicia, la financiación de los partidos políticos y la protección a los whistleblowers.

El envío de este informe constituye una parte fundamental del Examen Periódico Universal, que evalúa la situación de los derechos humanos en los 193 Estados Miembros de la ONU. Para el informe final, se toman en consideración tres fuentes: el informe nacional, elaborado por el Estado sometido a evaluación; los informes de expertos independientes en derechos humanos; y los informes de otros stakeholders, entre los que se incluyen las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Desde Transparency International España consideramos que la corrupción es un obstáculo para la protección adecuada de los derechos humanos y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, ofrecemos una serie de recomendaciones:

Administración de justicia

  • Avanzar en un debate amplio sobre el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la finalidad de generar consensos y determinar los plazos más adecuados para la instrucción de casos relacionados con la corrupción.
  • Aumentar el número de jueces por cada 100.000 habitantes y la plantilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, para así contribuir a la eficacia y calidad del sistema de justicia.
  • Desarrollar una amplia campaña de comunicación y sensibilización para que la ciudadanía se vincule de una forma más directa con los datos del Repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción del Consejo General del Poder Judicial.
  • Avanzar en la publicación del Código Ético de la Carrera Fiscal y en el cumplimiento de otras recomendaciones realizadas a España por el Grupo de Estados contra la Corrupción

Financiación de partidos políticos

  • Mejorar la implementación de las regulaciones de las aportaciones recibidas por las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos.
  • Promover el cumplimiento de la Ley 19/2013 —entre otras cosas, a través del desarrollo de su reglamento— para garantizar la publicación de las cuentas generales de las formaciones políticas en sus sitios web, en formatos abiertos y reutilizables.
  • Avanzar en un debate amplio sobre el sistema de financiación de las formaciones políticas en España, con la finalidad de ofrecer soluciones a retos que quedan pendientes como la financiación de los partidos políticos nuevos.

Protección a los whistleblowers

  • Incluir las recomendaciones de la sociedad civil en la trasposición de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, aprobada en abril de 2019, para garantizar una adecuada y completa protección a los whistleblowers.
  • Incorporar la perspectiva de género en el diseño de canales de denuncias y en toda la política de protección a los whistleblowers.
  • Considerar los instrumentos legales ya existentes en España, a fin de diseñar una legislación coherente y armónica para proteger de forma amplia a los whistleblowers.

Transversal

  • Desarrollar un plan holístico y transversal de prevención y reducción de la corrupción, en el que se tomen en consideración los estándares internacionales y en cuyo diseño participen las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones del sector público.

 Consultar el informe completo en este enlace

*Crédito de la imagen: UN Photo/Jean-Marc Ferré