El pasado 21 de marzo se ha celebrado la Jornada: “Experiencias de la Sociedad Civil en el ejercicio del Derecho de acceso a la Información”, organizada por Transparencia Internacional España.

Esta Jornada, celebrada en el marco del Proyecto Integridad de TI-España, ha reunido a 12 ponentes, entre los que se encontraban expertos, periodistas especializados, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares, con la intención de reflexionar sobre las dificultades y los retos para llevar a la práctica el derecho básico a la información de la sociedad y los ciudadanos que se contempla en la Ley 19/2013 de Transparencia.

A continuación se recogen las conclusiones más importantes de la Jornada.

Beltrán Gambier, miembro del Comité ejecutivo de Transparencia Internacional España, ha señalado que la idea de la actividad era reflexionar sobre la transparencia con un nuevo enfoque: el de la mirada activa de los ciudadanos. “Los estándares de transparencia son insuficientes si no hay ciudadanos activos, que estén interesados en conocer la información. Lamentablemente, la sociedad civil en España todavía es débil. No hemos logrado tener un activismo cívico, porque los ciudadanos comunes tienen poca motivación”.

Helen Darbishire, fundadora y directora de Access Info Europe, ha dicho que considera que la ciudadanía cada vez está más interesada en conocer la información pública. “LLevo 25 años trabajando en el mundo del acceso a la información, y en este periodo hemos pasado de tener 15 leyes sobre este asunto a contar con 115 en todo el globo. Hay cada vez más reconocimiento del derecho de acceso a la información”, ha apuntado.

También ha señalado que una de las utilidades de este derecho es la lucha contra la corrupción, pero que no solo debe considerarse como una herramienta para afrontar fenómenos negativos: el acceso a la información permite mejorar la toma de decisiones, lo que se traduce en mayor participación de una ciudadanía mejor informada. “Contar con leyes más fuertes de acceso a la información es algo fundamental para defender los derechos humanos y el Estado de Derecho. En España estamos por buen camino, aunque es más difícil solicitar información aquí que en otros países”, ha puntualizado.

La experiencia de los ciudadanos

Durante la jornada, hubo además oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de ciudadanos en procesos de solicitud de información. Jorge Cos Villegas, Mario Vallejo Muñoz y el abogado Tomás Fernández presentaron el caso de petición de información a Radio Televisión Española. Entre otras cosas, se solicitaron datos sobre los costes de Eurovisión de 2015, las cuentas anuales, la retribución bruta anual de la directiva. Durante el proceso, quedó en evidencia la opacidad de RTVE.

Tomás Fernández, quien apoyó la solicitud de información en este caso, aprovechó la oportunidad para hablar sobre la figura de los abogados pro bono, quienes pueden asistir en este tipo de situaciones. “La sociedad no conoce esta herramienta. Solo hay 200 abogados pro bono, que en la actualidad llevan 10 casos activos”, ha señalado.

Por su parte, el abogado Pedro Feced ha explicado su solicitud de información a la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, después de detectar un derroche presupuestario. La información fue denegada, por lo que se acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que avaló la solicitud. Aún se está esperando a que la petición sea respondida como es debido. “La información es lo que hace que podamos ejercer plenamente nuestros derechos en una democracia”, ha señalado Feced durante su intervención.

Los obstáculos en el acceso a la información también han afectado las investigaciones históricas. Juan Carlos Pereira, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, explicó lo que ha significado el cierre de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores en octubre de 2010, cuando el canciller Miguel Ángel Moratinos declaró que la mayoría de los fondos eran secretos. José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores desde 2011 hasta 2016, se comunicó con los historiadores para informarles que lo mejor era cerrar el archivo, y que todo el material previo a 1931 se almacenaría en el Archivo Histórico Nacional, y lo posterior a ese año, se reubicaría en el Archivo General de la Administración. “Pero todo eso está bloqueado. Son 40.000 cajas, que la directora del archivo no se atreve a tocar porque no hay claridad sobre lo que es secreto y lo que no. En la época de Franco se podía consultar más información que en 2018”, ha apuntado.

Desde el periodismo y los funcionarios

El derecho de acceso a la información también fue analizado por periodistas especializados. Borja Bergareche, director de Innovación de Vocento y autor del libro Wikileaks confidencial, ha apuntado que esta no es la era de las fake news, sino de la desinformación. “Hay una tendencia a pensar que los periódicos cuentan mentiras, pero más bien se trata de un problema de plataformas de distribución de contenidos, que están al servicio de estrategias de desinformación”, ha explicado.

También ha agregado que están dadas todas las circunstancias para que las sociedades plurales reubiquen el papel del periodismo en esta era turbulenta. “Tenemos que reencontrar como periodistas nuestra misión de contar la verdad caiga quien caiga, y en esta parte sabemos que tenemos que reforzar el mensaje. Hay una lenta revolución, cada vez menos silenciosa, a favor de la transparencia”.

Jesús Escudero, periodista de datos y transparencia en El Confidencial, hizo un balance de las debilidades y fortalezas de la Ley de Transparencia, específicamente en el ámbito periodístico. Uno de los problemas es que los plazos para responder solicitudes de información son largos, y que los documentos se ofrecen en formatos que no se pueden tratar fácilmente.

En cuanto a los funcionarios, Miguel Ángel Blanes, técnico jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, ha precisado que 85% de las quejas que se reciben en el Síndic están relacionadas con el interés de ciudadanos que quieren acceder a cierta información que no se facilita.

Victoria Anderica, directora del Proyecto de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, ha apuntado que la institución ha avanzado en este asunto porque cuenta con un equipo especial para tal fin. Cuando arrancó la iniciativa, ha dicho, hubo que afrontar cuatro retos: la voluntad política, la definición de un punto de partida para no prometer algo que fuese imposible de cumplir, el marco legislativo impuesto, y el uso de las tecnologías para avanzar en el camino de la transparencia. “Hay que apoyarse en los equipos informáticos para que la información pueda ser accesible. Es difícil seguir adelante sin apostar por la publicidad activa, y eso no es posible si no se da a conocer la información de manera accesible”.

Fotos de la Jornada

Vídeos de la Jornada