Aunque en España ya existe en gran medida un marco jurídico de lucha contra la corrupción, y la legislación se ha aplicado con buenos resultados en materia de investigación de las prácticas corruptas, el informe de hoy muestra una serie de insuficiencias. Un reto especial lo constituye la corrupción política y los deficientes controles y equilibrios, especialmente en lo relativo al gasto público y a los mecanismos de control a escala autonómica y local. En su informe de hoy, la Comisión Europea sugiere desarrollar estrategias de lucha contra la corrupción adaptadas a las necesidades de las administraciones autonómica y local, proseguir con las reformas en curso y la aplicación de las nuevas normas en lo tocante a la financiación de los partidos políticos, e instaurar códigos generales de conducta para los cargos electos, con instrumentos adecuados de responsabilización. La Comisión también propone seguir insistiendo en la lucha contra las irregularidades que se producen en los procedimientos de contratación pública a escala autonómica y local.

Junto con un análisis de la situación en cada Estado miembro de la UE, la Comisión Europea también presenta dos sondeos de opinión pormenorizados. Más del 75 % de los ciudadanos europeos, y un 95 % de los españoles, coinciden en que la corrupción está muy extendida en su país de origen. Aproximadamente 1 de cada 4 ciudadanos europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana; en España, este porcentaje alcanza el 63 %, el más alto de la UE. El 4 % de los ciudadanos europeos, y el 2 % de los españoles, afirman que durante el año pasado se les pidió o se esperaba que pagasen un soborno.