La corrupción en el sector de la construcción
Naturaleza y dimensión del problema
Según repetidas encuestas, la corrupción es más importante en la construcción que en cualquier otro sector de la economía.[1] La dimensión de la corrupción gana envergadura por la dimensión y el alcance del sector, que va desde la infraestructura de transporte y usinas, hasta hogares. La corrupción afecta a actores privados y públicos mientras compiten por su cuota del mercado de la construcción mundial que alcanza unos 3,200 trillones de dólares al año. Este mercado representa alrededor del 57% del PBI de los países desarrollados y en desarrollo avanzados, y del 23% del PBI en países en desarrollo de menor ingreso.[2]
Las prácticas corruptas abundan en todas las fases de los proyectos de construcción. Algunos proyectos no hubieran siquiera llegado a la etapa de planificación sin la motivación de la corrupción; la adjudicación de contratos de construcción por lo general se ve manchada por la corrupción, así como también los proyectos de mantenimiento implementados una vez finalizada la construcción. Una licitación podría volverse objeto de corrupción debido a la presión internacional. A través de ofertas de armas y ayuda, el gobierno de un país desarrollado podría influir en un país en desarrollo para asegurarse de que una empresa de un país desarrollado sea adjudicataria de un proyecto, aunque no sea la mejor opción o la menos costosa.
Algunas características hacen que el sector de la construcción sea más propicio para los actos de corrupción, entre ellas: la gran competencia por contratos a gran escala; los numerosos permisos y aprobaciones oficiales; el carácter único de algunos proyectos que hace difícil comparar los precios; las oportunidades de demora y excesos; y el hecho de que la calidad del trabajo se vea rápidamente ocultada por el hormigón, y el yeso y los revestimientos. Los proyectos son ejecutados por decenas, a veces, cientos de subcontratistas de menor escala lo que genera un laberinto de transacciones difíciles de supervisar.
La corrupción en la construcción tiene también un costo directo sobre la vida. Los proyectos de construcciones deficientes, manchadas de sobornos, afectan y cobran vidas en áreas de terremotos. Los corruptos tienden a poner el beneficio personal por sobre el bienestar de los otros, claramente demostrado en el caso del ganador de los Premios a la Integridad de TI 2004, Satyendra Dubey, asesinado poco después de exponer su preocupación sobre las prácticas corruptas dentro de la Autoridad Nacional de Autopistas en India.
El papel del financiamiento internacional
(BMD) tales como el Banco Mundial, mientras que las agencias de crédito a la exportación (auspiciadas por el gobierno) con inversión privadas (ACE) a menudo financian proyectos a gran escala. El impacto que todos estos grupos podrían tener en la corrupción resulta enorme, y la influencia de los BMD va más allá de las vastas sumas de dinero que realmente invierten (el Banco Mundial planea gastar unos 7.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura a lo largo de 2005) dado que actúan como catalizadores de un mayor apoyo financiero proveniente del sector privado, y ayudan a establecer políticas de infraestructura en países en desarrollo. Mientras que los BMD han comenzado la confección de una lista negra de empresas con conductas corruptas probadas, la participación de los BMD, no garantiza que el proyecto se vea libre de corrupción. Las ACE han mostrado menor intención de luchar contra la corrupción, a menudo no logran aplicar medidas anticorrupción diligentes aún en las extrañas instancias en que tales medidas existan.
Los BMD y las ACE han comenzado a reconocer el problema de la corrupción en parte debido a la presión externa de las ONG. Las medidas consideradas incluyen la inhabilitación de empresas culpables de fraude y corrupción, estrictas normas de compras, y mejor gestión financiera y de control. Hay muchas cosas que mejorar aún. Se necesita mayor supervisión, canales seguros para los informantes, mejor divulgación de normas de transparencia y mayor promoción de la participación pública.
Las empresas que pagan sobornos para obtener contratos internacionales deberían ser sancionadas y registradas en la lista negra, independientemente de dónde se cometa el delito. Sin embargo, aún en lugares donde se ha implementado una arquitectura legal nacional para juzgar los actos de corrupción, las empresas han logrado zafar del proceso. La tenacidad con la que los fiscales en el empobrecido país africano de Lesotho han perseguido a grandes empresas occidentales por pago de sobornos para construir una planta hidroeléctrica de 8.000 millones de dólares ha demostrado esa tendencia. Seguido a la causa llevada a cabo en Lesotho, el Banco Mundial logró revertir una sentencia anterior de no inhabilitar una de las empresas involucradas, la empresa canadiense de ingeniería Acres International, y podría implementar procedimientos similares de inhabilitación contra empresas que están siendo juzgadas en la actualidad, incluyendo la empresa alemana Lahmeyer, Spie Batignolles de Francia, e Impregilo de Italia.
Los costos de la corrupción
La corrupción en el sector de la construcción no sólo saquea las economías, también les da forma. Al reconocer el problema de la corrupción en el sector de la construcción, los tomadores de decisiones presupuestarias podrían torcer los gastos del sector para evitar las pérdidas. Alternativamente, si los que toman las decisiones son en sí corruptos, podrían decidir gastar más en infraestructura para incrementar las oportunidades de obtener beneficios personales. En la etapa de instalación, la corrupción reduce los gastos en infraestructura a la vez que reduce la productividad de la misma. La corrupción también aumenta el costo operativo de la infraestructura de servicios, reduce su calidad y acceso a ellos, en especial para los más pobres.
El costo de la corrupción en el sector de la construcción y la ingeniería no se limitan al dinero. El daño causado por los desastres naturales tales como los terremotos se ve incrementado en lugares donde las prácticas corruptas comienzan a florecer, como por ejemplo en lugares donde los inspectores reciben sobornos para ignorar reglamentaciones de construcción y planeamiento. Como resultado, cuando colapsan hogares de construcción deficiente, se pierden vidas y hay cientos de heridos.
La corrupción en el sector de la construcción también daña el medio ambiente. Muchos proyectos han progresado sólo porque se habían pagado sobornos para pasar por alto peligros ambientales y sociales, a menudo por la colusión de consultores que arriesgarían la cancelación de proyectos futuros si no lograran apoyo para el interés de sus clientes para promover inversiones en campos verdes. Entre los proyectos manchados con acusaciones de sobornos se encuentran:
- El proyecto hidroeléctrico de Yacyretá en la frontera entre Argentina y Paraguay, construido con el apoyo del Banco Mundial, que está inundando los Esteros del Iberá. Debido a los excesivos costos, la electricidad generada por Yacyretá no resulta económica y necesita el subsidio del gobierno. Según el Director de la Oficina de Paraguaya de Contabilidad General, unos US $1.870 millones en gastos para el proyecto no cuentan con la documentación legal y administrativa para justificar los gastos.
- La represa de Jatigede sobre el río Cimanuk, Indonesia, que cubrirá de agua un área de 49 km2, inundando unas 30 localidades y desplazando alrededor de 41.000 personas. Se espera que la construcción comience este año. Expertos en medio ambiente consideran que la represa de Jatigede no es necesaria.
- El reservorio de la represa de Bakun en Sarawak, Malasia, que cubrirá con agua 700 km2 de selva tropical. El mandato para desarrollar el proyecto fue otorgado a un contratista amigo del gobernador de Sarawak. El gobierno provincial de Sarawak todavía está buscando clientes que consuman la electricidad que será generada por el proyecto.
- La planta nuclear de Bataan en las Filipinas construida por un valor de más de US $2.000 millones. El contratista, Westinghouse, admitió haber pagado US $17 millones en comisiones a un amigo del antiguo Presidente Marcos. El reactor se ubica en una línea con fallas activas, dando así lugar a un mayor riesgo de contaminación nuclear si la planta comenzara a operar.
- La represa de Bujagali en Uganda, en la que el Banco Mundial y cuatro gobiernos más están investigando casos de corrupción, luego de que la subsidiaria británica de la empresa de construcción noruega, Veidekke, admitió haber pagado un soborno a un funcionario público ugandés. Nunca se ha evaluado el impacto ambiental acumulativo de Bujagali.
La corrupción y la reconstrucción de post-guerra
Los desafíos que enfrentan los países afectados por conflictos resultan formidables. La necesidad de medidas anticorrupción es de particular importancia durante los primeros años posteriores a la guerra. Uno de los principales peligros que la corrupción impone es que los proyectos de infraestructura deben ser diseñados según las necesidades de los funcionarios e instituciones facultadas, más que por la población necesitada. Este riesgo es particularmente alto en el caso de asistencia bilateral, cuando se busca que los grandes proyectos en realidad aumenten el retorno de capital al país donante, a través del uso de empresas de construcción provenientes de él.
Los efectos adversos de la corrupción sobre los proceso de reconstrucción van más allá de la reconstrucción física del país. Menos corrupción en la reconstrucción de post-guerra significa no sólo asistencia más precisa, de mejor calidad y más eficiente, sino también mayor contribución a la transformación de la economía política local, y la consolidación de instituciones estatales más efectivas y partidos políticos legítimos. Menos corrupción ayudaría a consolidar finalmente la paz.
En muchos casos, la corrupción aparece entre los factores que desencadenan las revueltas políticas o permiten la escalada del conflicto, en primer lugar. Por ejemplo, en Camboya, la corrupción de las autoridades locales y regionales, así como también la participación de personas comunes en el sector maderero benefició al Khmer Rouge, lo que sostuvo el conflicto por años.
La falta de un compromiso sistemático para obtener transparencia en el proceso de reconstrucción de Irak es tierra fértil para experimentar la corrupción a escalas masivas dado que la ayuda monetaria fluye sin restricciones, sin garantías institucionales o simples sistemas de inventario en los Ministerios o empresas estatales. Otro factor es el legado de la corrupción del anterior régimen de control sobre la economía, y la velocidad con la que se introducen las nuevas políticas económicas. La rápida privatización, si es aprobada por el FMI y el Club de París, de deudores oficiales como condición para reducir y re-programar unos 120.000 millones de dólares de deuda externa, podría incrementar las oportunidades de corrupción.
La credibilidad de la comunidad internacional en su papel de contralor contra la corrupción en Irak se ha visto afectada por el escándalo del programa de las Naciones Unidas ‘petróleo por comida’, y la confidencialidad entorno a la asignación de contratos lucrativos por el gobierno de Estados Unidos. Los contratos fueron ‘agrupados’ de manera tal que las empresas más pequeñas no pudieran competir; muchos tratos beneficiaron a empresas cercanas a individuos ahora en el gobierno, tales como Halliburton y Bechtel; y comienzan a surgir pruebas de ganancias excesivas de contratistas estadounidenses que subcontratan sus obras a firmas locales a una fracción del precio que a ellos se les pagó.
La corrupción en el mundo
África
Hubo obstáculos significativos en la lucha contra la corrupción en algunos países de África, y el continente aún debe enfrentar muchos desafíos. La Convención de la Unión Africana sobre la Prevención y la Lucha contra la Corrupción necesita ocho ratificaciones para llegar a las 15 necesarias para entrar en vigencia.
La credibilidad del gobierno de coalición de Kenya de hacer las cosas según su campaña anticorrupción se vio afectada por una serie de escándalos importantes en 2004, incluyendo unos US $10 millones supuestamente acumulados en cuentas bancarias por Ministros del Gabinete y US $24 millones de más pagados a Anglo-Leasing para actualizar pasaportes. La confianza de la comunidad donante en la estrategia del gobierno para combatir la corrupción a través de una serie de leyes y entidades se ha visto severamente dañada por los escándalos.
El caótico proceso de reforma de tierras en Zimbabwe ha paralizado la economía agrícola y ha privado al país de productos de primera necesidad, tales como combustible y comida, así como también de divisas extranjeras. Han surgido mercados informales para satisfacer la necesidad de productos básicos y divisas. Muy pocas personas, empresas o hasta instituciones gubernamentales podrían sobrevivir sin tener que recurrir a estos mercados ilegales. La nota positiva es que se designó un nuevo gobernador del banco de divisas con nuevas facultades con el objetivo de sanear el sector financiero.
Se necesitan reformas institucionales, legales y judiciales urgentes en la República Democrática del Congo, pero serán difíciles de lograr dada la precaria situación política de post-guerra. Muchos de los líderes del gobierno de transición actual han sido acusados de enriquecimiento ilícito durante el conflicto. Las compras públicas aparecen como un área clave para la reforma. Las medidas anticorrupción se aplican a los contratos financiados por los donantes internacionales, pero sólo el 3% de los contratos ejecutados por las autoridades del Congo incluyen licitaciones.
La creación de la nueva Comisión Superior de Burkina Faso para la Coordinación de Actividades Anticorrupción se tomó con optimismo, y el éxito de la más amplia estrategia del país respecto de la lucha contra la corrupción se encuentra íntimamente relacionado con la habilidad de este nuevo organismo para tomar casos de corrupción de alto perfil y asegurarse de que el trabajo sea visible. La insistencia de la comisión en la publicidad de los informes de progreso de casos de corrupción resulta positiva, como lo es la política nacional anticorrupción presentada en abril de 2004.
Los estudios de varios organismos internacionales sobre la corrupción en la industria forestal de Camerún forzaron al gobierno a crear una nueva unidad para la lucha contra la corrupción en el sector. Sin embargo, el hecho de que la unidad fuera creada dentro del Ministerio Forestal, de escasos recursos el mismo lugar donde ocurrirían muchos de los supuestos casos de corrupción ha desvanecido las expectativas respecto de la efectividad del nuevo equipo. La corrupción Policial continúa siendo una de las mayores preocupaciones en el período revisado. En Marzo de 2004, los conductores de taxis se declararon en huelga, denunciando el acoso policial y demandado que se respetara la tarifa impuesta por el Estado para las multas.
Asia/Pacífico
La corrupción en las elecciones fue una gran preocupación en varios países de la región. En las elecciones nacionales del julio de 2003 en Camboya, se emitieron informes con gran cantidad de votos comprados, violencia e intimidación de las partes involucradas, en particular en áreas rurales. El partido gobernante Cambodian Peoples Party era acusado de la mayor parte de estas acciones. Las elecciones interrumpieron prolongados debates sobre una ley anticorrupción, una demanda clave de la sociedad civil, aunque el proyecto en estudio es muy débil y no logra cumplir con los requerimientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La compra de votos también resultó un problema en Indonesia en las elecciones presidenciales de julio de 2004, según informes preparados por la comisión general de supervisión electoral y entidades de monitoreo tales como Transparency International Indonesia. La débil ley de financiación de campaña de 2003, que no fue sancionada por que no establecía la presentación de cuentas ni la divulgación de información sobre los donantes, apenas pudo disuadir a los partidos de no sobornar al electorado. Existen pruebas de que la corrupción ha sido descentralizada junto con el poder, desde el final del mandato de Suharto en 1998.
El contralor independiente de los gastos electorales en Sri Lanka descubrió una cantidad de irregularidades en la elección de abril de 2004, incluyendo el abuso de los recursos estatales en particular los medios del Estado que iban a parar a la campaña.
En India, las elecciones parlamentarias de noviembre de 2003 fueron la primera prueba de los requisitos impuestos a los candidatos participantes de declarar sus niveles educativos, antecedentes penales, activos y pasivos financieros. La información obtuvo amplia difusión en los medios y fue monitoreada por las ONG.
La inestabilidad política y la aparente falta de preocupación del electorado acerca de los antecedentes penales de los aspirantes a cargos no hacen más que contribuir con los altos niveles de corrupción e impunidad en Vanuatu. El anterior Primer Ministro Barak Sope fue sentenciado en 2002 a tres años de prisión por falsificar garantías gubernamentales. Sin embargo, un año después fue elegido para ocupar un escaño vacante en el parlamento. El Presidente Alfred Maseng Nalo fue elegido en 2004, mientras cumplía una sentencia suspendida por corrupción.
Muchos países sancionaron normas para proteger a los informantes en 200304. El gobierno Indio sancionó una resolución respecto de los informantes en abril de 2004, que aunque fue bienvenida, es más débil que el proyecto de ley redactado por la Comisión India de Leyes, en la actualidad bajo la lupa del gobierno. La protección a los informantes también fue aprobada en Japón en junio de 2004 y será implementada a partir de 2006.
Sri Lanka evaluó su Poder Judicial, donde el Instituto Marga realizó una encuesta de jueces en ejercicio y jubilados, lo que proporcionó pruebas suficientes sobre la percepción del público respecto de la extensiva corrupción en el Poder Judicial. De los 50 jueces encuestados, 41 reportaron 226 incidentes de sobornos dentro del Poder Judicial. Ha habido dos intentos de llevar ante la corte a la jueza Sarath Nanda Silva por cargos de obstrucción de la justicia, violación de la constitución y abuso de poder. En ambas ocasiones, el Presidente disolvió el parlamento antes de que los procesos fueran completados.
El gobierno Vietnamita ha afirmando en varias ocasiones su determinación de terminar con la corrupción y, como prueba de su compromiso con este objetivo, ha juzgado a varias figuras reconocidas. Con un control estricto sobre los medios, son muy pocas las investigaciones sobre los actos ilícitos cometidos por funcionarios de alto rango, por lo que se corre el riego de que las investigaciones permanezcan selectivas.
En 2004, se creó una comisión anticorrupción en Bangladesh para reemplazar la ya desacreditada Oficina anticorrupción. La comisión tiene extensas facultades de investigación, pero su autonomía es limitada. El Presidente designa un comisionado y el gobierno controla su presupuesto. El Ministerio de Planeamiento introdujo nuevas reglamentaciones respecto de las compras para promover la transparencia y responsabilidad, pero se hacen excepciones significativas en temas de seguridad de estado y gastos militares.
Indonesia emitió un nuevo decreto presidencial sobre las compras públicas en diciembre de 2003, para crear una nueva oficina de contralor, lo que requiere plena divulgación de toda la información sobre la licitación.
Se introdujeron nuevos lineamientos respecto de las compras en China que coincidían con la Ley de Compras del Gobierno de 2003. Una de las áreas que presenta mayores preocupaciones es el sector de la construcción, en especial debido a los gastos masivos en la infraestructura para los Juegos Olímpicos de 2008. El gobierno de Pekín y el comité organizador de los Juegos estableció un departamento de auditoría y supervisión para controlar oportunidades de negocios por unos US $16.000 millones, para inversores nacionales y extranjeros.
Europa
La corrupción ha sido el puntapié para el cambio político en partes de Europa Central y Oriental. El Presidente de Georgia Mikhail Saakashvili llegó al poder en enero de 2004 con la promesa de eliminar la corrupción como medida prioritaria. Duras acciones contra cinco funcionarios de alto rango del gobierno de Shevardnadze se ganaron la confianza del público en general y de la comunidad internacional, lo que llevó a la renovación de algunos préstamos internacionales para el país. Sin embargo, la sociedad civil comenzó a demostrar su preocupación por cómo se habían afectado los derechos civiles y humanos durante la ferviente campaña anticorrupción.
En Rusia, el avance del Presidente Vladimir Putin contra la corrupción se vio empañado por tener como objetivos selectivos a sus oponentes políticos, entre ellos, el más notable Mikhail Khordorkovsky, Presidente del gigante petrolero Yukos. Se estableció una nueva comisión presidencial con el objetivo de eliminar la corrupción, pero con facultades que sólo incluían aconsejar al Presidente sobre medidas anti-soborno. Los salarios de los empleados públicos aumentaron ostensiblemente a lo largo de 2004, en un esfuerzo para terminar con la posibilidad de extorsión con sobornos dentro de la administración pública.
Muchos países introdujeron una amplia gama de leyes anticorrupción durante el período en cuestión. La nueva ley anticorrupción de Azerbaijan entró en vigencia en enero de 2005, dentro de un marcado escepticismo acerca de si se traduciría en acciones concretas para terminar con la corrupción, dadas las fallas en la ley en sí y antecedentes sobre el deficiente cumplimiento de la ley en el país. La ley crea nuevos organismos anticorrupción, pero los hace depender del Poder Ejecutivo.
Inglaterra continúa los debates sobre el proyecto de ley anticorrupción, publicado en marzo de 2003, pero el futuro de la ley permanece incierto. Es criticado por no poder proporcionar una clara definición de la corrupción con términos que serían fácilmente interpretados por las agencias de cumplimiento y el público en general.
Algunas iniciativas regulatorias intentaron terminar con la corrupción en la política. Una serie de nuevas leyes adoptadas por el parlamento Rumano apunta a limitar el abuso del mandato político. Lo que incluye la restricción de la inmunidad parlamentaria, nuevos requisitos de divulgación de información sobre los candidatos a un cargo político y un código de conducta para los empleados públicos.
En febrero de 2004, se adoptaron las enmiendas a las leyes de financiación de los partidos políticos, estableciendo límites a los gastos, prohibiendo las donaciones corporativas, y fijando amplios requisitos respecto de la información y los mecanismos de control. La ley es una de las más adelantadas de la región.
Serbia adoptó una nueva ley de financiamiento para partidos políticos, que introdujo el financiamiento público de los partidos políticos. No obstante, las lagunas legales y los términos ambiguos acerca del compromiso del Estado de proporcionar fondos a los partidos limitaron el impacto en las elecciones presidenciales de junio de 2004. Asimismo, la comisión electoral carece de recursos para verificar los informes financieros presentados para la campaña.
Eslovaquia introdujo una nueva ley sobre los conflictos de interés, junto con la fuerza de la coalición de la sociedad civil, Alianza Basta de Conflictos de Interés. Finalmente, la ley fue adoptada en mayo de 2004, pero es significativamente más débil que la versión propuesta por la ONG y el Ministerio de Justicia. Los mecanismos de implementación se ponderan a favor de los funcionarios públicos, y el alcance de la ley deja afuera a muchos sectores gubernamentales y empresas estatales de relevancia.
En Croacia, los esfuerzos de lobby de la sociedad civil dieron sus frutos en octubre de 2003 cuando se sancionaron las leyes de derecho de acceso a la información y conflictos de interés en el ejercicio de un cargo público. Ambas leyes son más débiles que las versiones sugeridas por la sociedad civil, y hay indicios de que las leyes no están siendo respetadas. En su primer año de implementación, las autoridades públicas omitieron publicar el informe anual de las actividades, mientras que la comisión encargada de supervisar los conflictos de interés no tenía asignado un presupuesto y todavía tenía que ser constituida legalmente.
La independencia del Poder Judicial continúa siendo un problema en muchos países y podría resultar un obstáculo a medida que Rumania se prepara para integrar la Unión Europea en 2007. Los legisladores parecen no tener mucha voluntad para otorgar independencia financiera al Poder Judicial. En la República Checa, el Poder Judicial fue puesto bajo la lupa de la sociedad por actuar en acuerdo con los administradores de procesos de bancarrota con quienes habían supuestamente compartido los activos retenidos en casos de bancarrota lucrativos.
La corrupción en el sector privado nunca abandonó los titulares. Uno de cuatro líderes empresarios en Noruega declara que hay corrupción en su sector de la industria, y uno en diez admite que afecta a su empresa, según una encuesta realizada por la empresa aseguradora más grande de Noruega, Gjensidige NOR. La encuesta se realizó con posterioridad a la cobertura de una serie de casos que incluían la fijación de precios, licitaciones fraudulentas, enriquecimiento ilícito, impuestos, fraude, contabilidad fraudulenta, y pedido de sobornos.
En Polonia, las investigaciones de Rywingate productor de cine que intentó sobornar a miembros del parlamento para que votaran en contra del proyecto de ley de propiedad de medios llegaron a su fin, no sin promover investigaciones de más denuncias por sobornos pagados por grupos de lobby privados, en particular de los sectores farmacéuticos, de bio-combustibles, y teléfonos móviles.
Se supone que se pagaron sobornos para construir un nuevo estadio de fútbol en Munich, para hospedar el partido inaugural de la Copa Mundial de Alemania 2006. Se decía que la empresa austriaca Alpine había pagado unos 2,8 millones de euros por información clasificada que la llevó a adjudicarse el contrato. Los políticos volvieron a pedir la confección de una lista negra de empresas condenadas por corrupción, aunque la propuesta debe ser aún tratada seriamente en el ámbito federal.
En Irlanda, los sondeos oficiales sobre la influencia de los negocios en la política, en curso desde 1990 continúan desenvolviendo redes complejas de pagos encubiertos a políticos y funcionarios públicos. El progreso ha sido lento y las investigaciones por sobornos a los funcionarios de planeamiento de Dublín continúan.
En cuanto al sector financiero, Inglaterra continúa demostrando una doble norma para la corrupción doméstica e internacional. No está claro si los nuevos controles anticorrupción para el Departamento de Garantías de Créditos a las Exportaciones, con el que los países en desarrollo tienen el 95% de las deudas con Inglaterra, se aplicará con el rigor necesario para evitar otorgar préstamos a proyectos lucrativos que estuvieran plagados de prácticas corruptas.
Turquía ha adoptado nuevas leyes para tipificar la información falsa brindada por los bancos y para mejorar la supervisión bancaria una vez descubierto que algunos de los bancos más grandes del país estaban apropiándose de depósitos o bien utilizándolos para obtener créditos. En los últimos siete años, el Estado ha tenido que asumir unos 22 bancos cuyos propietarios y altos ejecutivos están en juicio por enriquecimiento ilícito, a expensas del bolsillo público, por unos 42.000 millones de dólares.
América
La relativamente limpia imagen de Canadá se vio afectada por un escándalo que involucraba la apropiación y uso ilícito de una gran suma de fondos públicos en el departamento de obras públicas. Se intentaba crear una percepción más positiva sobre el gobierno federal de Quebec dado el escaso margen para la derrota de 1995 en el referéndum por la soberanía, y el dinero llegó a las agencias de publicidad algunas de ellas con conexiones políticas a través de esquemas que incluían sobrefacturaciones, facturas falsas y contratos ficticios. Como resultado, se introdujeron una serie de reformas institucionales que incluían una mejor protección a los informantes y nuevos procedimientos de designación de ejecutivos para las empresas estatales.
Se realizaron elecciones en Argentina y Panamá. La nueva ley de finanzas políticas en Argentina fue probada por primera vez en abril de 2003, pero los resultados de un análisis de los informes financieros y esfuerzos paralelos de supervisión muestran que mientras es positivo que las partes tengan que presentar sus informes financieros, estos informes por lo general no guardan mucha relación con la realidad.
La corrupción acaparó el centro de la escena en las elecciones en Panamá de mayo de 2004, con cuatro candidatos que prometían acciones concertadas para terminar con los sobornos. Resta ver si el ganador, el Presidente Torrijos, tiene la voluntad política de traducir sus promesas en acciones. Los altos niveles de fraude electoral y las acusaciones de irregularidad en la financiación de las campañas electorales de 2004 llevó la reforma electoral a un ocupar lugar prioritario en la agenda pública.
El Poder Judicial resultaba un tema de preocupación en varios países. En Nicaragua, a pesar de la presión del G8, las principales fuerzas políticas no lograron aprobar la nueva ley que introduciría los procedimientos de contratación transparente y competitiva y que requeriría que la Suprema Corte renunciara a sus facultades actuales para administrar las designaciones y los salarios.
En 2002, el Presidente Argentino Néstor Kirchner motivó el proceso de acusación de jueces que habían sido elegidos por el ex Presidente Carlos Menem. En 2003-04, se implementaron nuevos procedimientos de designación de los jueces de la Suprema Corte. Para el público en general, estos nuevos procedimientos brindan la oportunidad a comunidades legales, académicas y de la sociedad civil de presentar objeciones a las nominaciones a la Corte Suprema.
La debilidad del Poder Judicial respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno resulta evidente en Bolivia donde la inmunidad parlamentaria y una dócil comisión del congreso responsable de investigar casos de corrupción de alto rango permiten que un caso de corrupción presentado hace cinco años contra el anterior ministro de defensa Fernando Kieffer permanezca estancado. También en Bolivia el uso ilícito de fondos estatales resultaba evidente en varios estratos del gobierno. Una acusación sobre un ministro de gobierno que se había apropiado de fondos ministeriales instauró un debate acerca de la nueva ley, que daría al auditor general y a la comisión legislativa facultades de control sobre el uso de los fondos.
La corrupción a nivel local fue el foco de las iniciativas en Colombia. Se pidió a los gobernadores e intendentes que firmaran pactos de transparencia con organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo por terminar con la corrupción a nivel sub-regional. No obstante, el éxito del esquema fue limitado porque los términos del pacto resultan demasiado generales para que su cumplimiento sea monitoreado con efectividad.
En Perú, la corrupción en el ámbito local también entró en escena dado que el gobierno central empezó a devolver facultades a las regiones. Sin embargo, la velocidad con la que se implementó la operación no dio tiempo suficiente para establecer mecanismos de control para supervisar las nuevas instituciones del gobierno local, y un año después ocho de 25 presidentes regionales eran investigados por corrupción y uno, destituido por sobornos y enriquecimiento ilícito. Las nuevas instituciones no logran proporcionar información a entidades de control y distritos acerca de las operaciones.
La lucha del gobierno de Brasil contra a corrupción ha sido marcada por las reacciones a los escándalos más que por esfuerzos por querer eliminar el problema de raíz. La corrupción en las apuestas y el fútbol fueron los temas principales del período revisado, que propició la investigación del Presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol y el ex entrenador de la selección nacional por fraude y apropiación ilícita de fondos.
Los escándalos de corrupción en Costa Rica sirvieron para poner de relevancia la importancia del control independiente de las compras gubernamentales. La administración de la seguridad social fue acusada de aceptar sobornos para la adjudicación de un contrato de equipamiento médico, lo que urgió a la legislatura a revivir los debates sobre un proyecto de ley anticorrupción de seis años. La falta de independencia financiera dificulta la existencia de una agencia de control efectiva y un instituto académico encargado de controlar la agencia.
Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Inglaterra, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, China, Colombia, Congo (DRC), Costa Rica, Croacia, República Checa, Georgia, Alemania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Kenia, Latvia, Nicaragua, Noruega, La Autoridad Palestina, Panamá, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Sri Lanka, Turquía, Vanuatu, Vietnam, Zimbabwe.
PARA ACCEDER AL INFORME COMPLETO (EN INGLÉS) VISITE LA PÁGINA WEB: https://www.transparency.org
_______________
[1] Ver el Índice de Fuentes de Soborno de Transparency International de 2002, y el Control de Riesgos de Grupo ‘Enfrentando la Corrupción’, resumido en el Informe Global de la Corrupción 2003 y 2004, respectivamente.
[2] UNCTAD, Regulación y liberalización del sector de los servicios de la construcción y su contribución a los países desarrollados y en desarrollo (UNCTAD, 2000), disponible en www.unctad.org/en/docs/c1em12d2.en.pdf