POR QUÉ ES IMPORTANTE Y CÓMO NOS AFECTA
La denuncia de irregularidades es una de las formas más eficaces de detectar y prevenir la corrupción y el fraude. Múltiples estudios han coincidido en afirmar que en torno a un 40% de los casos sobre posibles irregularidades han sido detectados a través de este tipo de mecanismos.
Sin embargo, sin un marco regulatorio adecuado y sistemas seguros y eficaces para denunciar, informar sobre estas irregularidades tiene un precio muy alto: las personas que informan arriesgan su trabajo, su carrera, su profesión, su integridad y a veces su seguridad personal y/o la de su familia para sacar a la luz irregularidades y es por ello por lo que resulta primordial poder proteger a estas personas y no dejar espacio a represalias.
En última instancia, las sociedades, las instituciones y los ciudadanos salen perdiendo cuando no hay nadie dispuesto a denunciar conductas corruptas o fraudulentas.
EVOLUCIÓN NORMATIVA Y ACCIONES DESDE NUESTRA ORGANIZACIÓN
En abril 2018 dimos la bienvenida a la propuesta de la Comisión de la UE para la protección de los informantes, y nuestra organización proporcionó recomendaciones para fortalecerla. La posición adoptada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2018 incorporó muchas de nuestras principales recomendaciones políticas y la apoyamos a lo largo de las negociaciones con el Consejo de la UE. El resultado fue la adopción de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, una norma pionera que establecería las bases para proteger a los denunciantes en toda Europa.
EL 27 de enero de 2021, Transparency International España presentó alegaciones en la consulta pública convocada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España de cara a la transposición de la Directiva en España. Además de pronunciarse sobre los puntos que planteaba la consulta, TI-E consideró oportuno pronunciarse también sobre otras cuestiones fundamentales a incluir de cara a una transposición horizontal y de cara a garantizar un marco global y coherente de protección de los denunciantes a escala nacional.
Finalmente, el 21 de febrero de 2023 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entrando en vigor el 13 de marzo. Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno español cumple con esperada la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2019/1037, cuyo plazo de transposición había expirado el 17 de diciembre de 2021.
A diferencia de algunas leyes de protección de informantes de otros Estados Miembro, la norma española se decanta por hacer una ampliación importante del ámbito material de la Directiva a otro tipo de infracciones del ordenamiento jurídico nacional y no sólo a las infracciones reguladas en el artículo segundo de la misma, solamente se podrá proteger a los informantes que detecten acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, dejando fuera del ámbito material cualquier otro tipo de infracción que, fuera de las materias ya incluidas gracias a la Directiva, no llegue a ostentar este carácter. Asimismo es una Ley que permite la recepción de comunicaciones anónimas y además incorpora la creación de una Autoridad Administrativa Independiente (A.A.I, Título III de la Ley) de protección de las personas denunciantes con competencia en todo el territorio nacional.
La Ley 2/2023 si bien supone un salto cualitativo enormemente importante en materia de prevención y lucha contra la corrupción y el fraude en España, se plantean no pocos desafíos tanto de implementación como del cumplimiento de su misión. Nuestra organización sigue trabajando para garantizar una protección integral y un entorno adecuado para que cualquier persona pueda levantar la voz y no dejar espacio a la impunidad.