La corrupción transnacional genera impactos negativos en la economía mundial, entorpece el crecimiento y el desarrollo, socava la integridad del sector privado y del sistema financiero, lesiona la competencia y contribuye a la debilidad e inestabilidad de las instituciones, con una afectación desproporcionada entre países.
Veinticinco años después de la adopción de la Convención de la OCDE contra el Soborno, la mayoría de los países siguen estando muy por debajo de sus obligaciones. Según el último informe de TI Exporting Corruption 2022, la aplicación de esta La Convención de la OCDE llega a un mínimo histórico, donde sólo dos de los 47 principales estados exportadores (los 44 países signatarios son responsables de aproximadamente dos tercios de las exportaciones mundiales y de casi el 75% de las salidas totales de inversión extranjera directa) están cumpliendo los compromisos que suscribieron. Según esta última edición del informe un gran número de países han retrocedido en sus niveles de implementación, entre ellos España, que pasa del nivel moderado al nivel limitado.
Otros convenios internacionales contra la corrupción también exigen la penalización del soborno en el extranjero, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por 187 Estados. Pero la corrupción transnacional es más que el solamente el soborno transnacional. El fenómeno de la corrupción abarca numerosas conductas delictivas. Desde el blanqueo de capitales y los flujos financieros ilícitos hasta el tráfico de influencias o la evasión fiscal en terceros países. Este escenario transnacional de riesgos se ve estimulado en muchas ocasiones por una regulación deficiente, por una ausencia de controles adecuados y de recursos para las autoridades, por la falta de una protección adecuada de los informantes, por una continua falta de transparencia y, finalmente, por la falta de un sistema adecuado de compensación de las víctimas.