Madrid, a 17 de diciembre de 2021. España es uno de los 18 Estados miembros de la Unión Europea que aún no ha transpuesto la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que según una evaluación realizada por Tranparency International (TI) y Whistleblowing International Network (WIN) ha tenido un progreso mínimo o nulo de cara al proceso de transposición.
Cinco países (Dinamarca, Lituania, Malta, Portugal y Suecia) ya han adoptado una legislación de protección de los alertadores y tres (Estonia, Países Bajos y Francia) se encuentran actualmente en debate parlamentario. Otros once países de la UE (Bélgica, Croacia, República Checa, Finlandia, Irlanda, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y, la semana pasada, Eslovenia) cuentan con proyectos de ley, no obstante, en los otros nueve restantes, entre los que se encuentra España, se detecta un progreso mínimo o nulo en relación a los avances hacia la adopción de una regulación de protección integral de los alertadores.
La Directiva de la Unión Europea, aprobada por el Consejo Europeo el 23 de octubre de 2019 y cuya entrada en vigor fue el 16 de diciembre de ese mismo año, tiene como objetivo garantizar una protección eficaz de los alertadores y unas normas mínimas comunes para la protección de los mismos en todos los países que forman parte de la UE, aportando coherencia, certeza y armonía dentro de la Unión. Hoy, 17 de diciembre de 2021 se cumplía la fecha límite para transponerla y España es uno de los 18 países que no ha cumplido con el plazo.
El pasado 1 de diciembre, TI-E presentó, junto con otras ocho ONGs (Blueprint for Free Speech, Access Info, Hay Derecho, Asablac, WCorruption, Plataforma por la Honestidad, Acción Cívica y ANADEI), una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Justicia para conocer los documentos elaborados sobre el proceso de transposición de la Directiva de alertadores de corrupción y el estado actual del trámite de transposición, así como el cronograma de trabajo y los plazos previstos. El Ministerio de Justicia denegó el acceso al borrador, pero informó de que la labor de codificación ya ha culminado, de que en fecha próxima se enviará el texto de anteproyecto al Consejo de Ministros y que el texto se hará público cuando el Gobierno solicite el dictamen del Consejo de Estado, según se deriva del artículo 7.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Desde Transparencia Internacional España se ha insistido en la importancia de transponer esta Directiva en plazo y en hacerlo de la manera de forma horizontal. Una regulación adecuada e integral para la protección de los whistleblowers es una pieza clave para la buena gobernanza e integridad en las instituciones españolas, y resulta fundamental para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y otras infracciones.
Puede encontrar una breve descripción de los países e información sobre el progreso de los países de la UE aquí. Para cualquier consulta de prensa, póngase por favor en contacto con comunicacion@transparencia.org.es