Madrid, 9 de diciembre de 2021.– Este 9 de diciembre de 2021, Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. En esta ocasión, reafirmamos nuestro compromiso internacional mediante la sensibilización, a través de la celebración de un Workshop monográfico sobre Medidas Antifraude en los Fondos Next Generation EU, organizado en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (ObCP) y con el apoyo de los Proyectos de Investigación I+D+I NEXT GENERATION EU y ON TRUST-CM.
El Workshop contó con la participación de 11 ponentes, entre los que se encontraban representantes de la Comisión Europea, del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de Transparencia Internacional, así como académicos y catedráticos de distintas Universidades.
Se abordaron las cuestiones esenciales de las medidas antifraude exigidas por la UE en el marco de los Fondos Next Generation-EU, en particular, así como también en los demás fondos de la Política de Cohesión de la UE tanto para las Administraciones Públicas como para las empresas para prevenir la corrupción en la adjudicación y ejecución de los proyectos financiados con cargo a estas partidas específicas del presupuesto de la UE.
Los Fondos Europeos Next Generation-EU constituyen uno de los planes de recuperación económica más ambiciosos de la UE: se trata de un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación de Europa tras la Covid-19. En este sentido, ha sido la Política de Cohesión la que ha estado a la vanguardia en la respuesta europea ante la crisis del coronavirus, pues, como señaló Vicente Rodríguez Sáez, Deputy Head for Spain and Portugal DG REGIO- Comisión Europea, “aspiran a reducir las disparidades entre las distintas regiones de la UE, con el fin de lograr un desarrollo económico, social y territorial equilibrado.”
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España supone una herramienta esencial en la canalización de los Fondos Europeos que recibirá España, y por ello, y tal y como señaló Silvina Bacigalupo, Presidenta de Transparencia Internacional España, “las medidas antifraude son esenciales para la correcta adjudicación del PRTR”.
Los Fondos Next Generation-EU constituyen un cambio radical en la política económica de la Unión Europea y de la Comisión Europea en relación con la gestión de esta crisis sin precedentes, y precisamente por ello, será clave “alcanzar un equilibrio entre el control y la ejecución de los mismos”, tal y como apuntó Santiago Fernández, Jefe de la Unidad de Seguimiento del PRTR en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, pues el modelo de rendición de cuentas que se ha elegido por parte de la Comisión Europea 2 estará basado en la comprobación del cumplimiento de hitos y objetivos pero sin un control pormenorizado de cada gasto, sin perjuicio de las auditorías ulteriores que pueda haber. Por su parte, Olivié Bayón, Director General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, afirmó que “la gestión del PRTR, conjuntamente con la de la pandemia, es el mayor desafío que tenemos como AAPP. Hay que afrontarlo como una oportunidad para hacer los cambios estructurales que necesita este país”.
Estas nuevas circunstancias han impuesto rapidez, trayendo así consigo cinco riesgos que expuso Francisco Velasco, Catedrático de Derecho Administrativo (UAM): “Los fondos europeos Next Generation son una gran oportunidad para la transformación económica, ecológica y digital. Pero hay riesgosimportantes que pueden minarsu capacidad transformadora. Hay un riesgo de que los fondos no se concentren en proyectos innovadores, sino en pequeños proyectos coyunturales; hay también un riesgo de bloqueo de la Administración, que ha de funcionar al doble de su capacidad; hay riesgo de que la necesaria agilidad en el gasto permita opciones opacas y arbitrarias; hay riesgo de recentralizacion estatal; y, finalmente, riesgo también de falta de seguridad jurídica, porque las normas de gestión abarcan varias Administraciones públicas de diferentes niveles (estatales, autonómicas y locales).”
Ante esta situación de dificultad del control, José María Gimeno, Catedrático de Derecho Administrativo (UniZar) y Director del Observatorio de la Contratación Pública, propuso “introducir la rendición de cuentas en la fase de ejecución a través de un recurso administrativo especial e independiente que se dedique a una fiscalización que aporte mayor seguridad jurídica”.
Entrando en el análisis de la reciente Orden HFP/1030/2021 de 30 de septiembre (BOE 234/119830) del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se configuran los elementos esenciales del sistema de gestión del PRTR y los planes de las medidas para la prevención del fraude y de la corrupción para la protección de los intereses financieros de la UE, Manuel Villoria, Catedrático de Ciencias Políticas y Administración Pública (URJC) y miembro del Comité de Dirección de TI-España, afirmó que “estamos ante una gran oportunidad de mejora de nuestro sistema de integridad. La clave es que nos tomemos en serio los instrumentos de prevención y detección de fraude que existen y que los usemos ya para todo tipo de actividades de la Administración, no sólo para la gestión de los Fondos Next Generation-EU. Es el momento de construir sistemas de integridad en cada organización pública y privada”. En este contexto, señaló la importancia que en las medidas antifraude se le otorgan a las declaraciones de ausencia de los conflictos de intereses (DACI) y a su debido control. Concepción Campos, Doctora en Derecho (USC) y Codirectora de Red Localis, insistió en la gravedad de “las consecuencias de los fallos de que puedan surgir en los sistemas de integridad: la suspensión del procedimiento de adjudicación”. Finalmente, en este análisis destinado a las medidas concretas de prevención del fraude, Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal, destacó las exigencias que imponen estas medidas no solo para la Administración, sino también para las empresas que concurran a la solicitud de los proyectos financiados, en cuanto a su debida diligencia y prevención de los riesgos de fraude en su cadena de suministros y en la importancia de la declaración de los titulares reales, como instrumentos indispensables para la comprobación de los eventuales conflictos de intereses.
Por último, la cuarta Mesa Redonda se dedicó enteramente a los Pactos de Integridad, un instrumento diseñado por Transparencia Internacional como mecanismo de supervisión de la contratación pública desde la sociedad civil. Los Pactos de Integridad exigen un acuerdo facilitado por una organización de la sociedad civil entre una Administración Pública (en particular, una 3 autoridad u órgano de contratación), las empresas licitadoras y la propia OSC, por el que se comprometen a seguir un procedimiento de contratación transparente e íntegro, supervisado por monitores independientes, previniendo cualquier práctica que pueda ser considerada como corrupción o fraude: “Los Pactos de Integridad pueden ser una herramienta que impulse el cambio en la contratación pública, al salvaguardar las inversiones críticas en sectores o países con mayores riesgos de corrupción o condiciones de mercado adversas, prevenir los riesgos de mala gestión y corrupción en el uso de fondos estratégicos para hacer frente a la pandemia de COVID-19”, apuntó Ivan Zupan Programme Lead Manager, Integrity Pacts Programme, TI. A este respecto, Justyne Balasinska, Policy Officer DG REGIO, Comisión Europea, añadió: “Tenemos que garantizar que los Estados Miembro hagan el mejor uso posible de los fondos de la UE y logren el mayor impacto posible en la vida de los ciudadanos. Para ello, necesitamos organismos públicos fuertes y una buena capacidad administrativa, pero también necesitamos nuevas formas de trabajar, implicando a todas las partes interesadas y a la sociedad civil”. Finalmente, David Martínez, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional España concluyó: “En medio de una gestión post-Covid o inter-Covid y con la llegada de losfondos europeos es unmomento idóneo para poner en marcha un mecanismo de acción colectiva sólidamente asentado como son los Pactos de Integridad para reducir la corrupción y reforzar la integridad en un campo tan delicado y expuesto como es la contratación pública, de modo que fortaleciendo la participación y la transparencia en este tipo de procesos, fortaleceremos la integridad y fortaleciendo la integridad fortaleceremos, en última instancia, la confianza y el interés público.” Entre los mecanismos de prevención de la corrupción, la adopción de mecanismos de acción colectiva como los Pactos de Integridad para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública con fondos europeos, resultan indispensables.
Los Fondos Next Generation-EU no solo es un paquete de medidas económicas para la recuperación de la crisis generada por la Covid-19, sino un importante momento para la transformación de las Administraciones Públicas, así como un compromiso sin precedentes en la EU en la que los gobiernos de los EEMM tienen que demostrar ahora sus compromisos para una transformación real. Desde Transparency International-España señalamos el importante rol que cumplen en este cometido no solo las Administraciones Públicas, sino también las empresas y la sociedad civil para promover cambios sistémicos imprescindibles para avanzar hacia una sociedad más transparente e igualitaria.
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