Estancamiento en las reformas a nivel nacional y desmantelamiento institucional a nivel autonómico opacan los esfuerzos anticorrupción. Sin reformas estructurales integrales y efectivas el país seguirá enfrentando descensos sustanciales.
La corrupción tiene un papel devastador en la gestión de la crisis climática, poniendo en peligro los fondos destinados a mejorar la protección del medioambiente y la vida de miles de millones de personas que viven en el planeta.
Madrid, 11 de febrero de 2024 — La puntuación de España (56/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado hoy por Transparencia Internacional cae cuatro puntos con respecto al año anterior (IPC 2023)1.
Con esta calificación, España se sitúa en la posición 46/180 del ránking global del IPC, junto con Chipre, República Checa y Granada en el mismo puesto, una posición por encima de Fiji (puntuación 55/180), dos puestos por encima de Omán (puntuación 55/180), y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 57/180) que este año también desciende 4 puntos. España desciende así diez posiciones en el ránking mundial con respecto a 2023. Por otro lado, nuestro país también desciende del puesto número 14/27 al 16/27 de los Estados Miembros de la Unión Europea. Este año España ha sido superada por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100) y comparte puntuación con Chipre (56/100) y República Checa (56/100). En relación con las distintas fuentes utilizadas España se ha visto principalmente afectada por su descenso en los parámetros medidos por IMD World Competitiveness Yearbook, PRS International Country Risk Guide y Varieties of Democracy Project.
Si bien es cierto que no se ha observado un retroceso significativo en la legislación anticorrupción, sin embargo, las políticas anticorrupción no han tenido un progreso sustancial. El descenso de cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) en España obedece a varias causas y a una combinación de factores que reflejan, por un lado, un estancamiento de las políticas y reformas anticorrupción en el ámbito nacional y, por otro, un importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico,
1 IPC2023: 60/100; IPC2022: 60/100; IPC2021: 61/100
Uno de los factores que ha incidido en el mencionado estancamiento legislativo es, sin duda, el retraso en la transposición de Directivas europeas: 87 Directivas siguen pendientes de transposición, 30 de ellas ya se encuentran fuera de plazo, lo que demuestra una demora en la adaptación del marco normativo. Adicionalmente, España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción, prevista finalmente en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción pero pendiente de desarrollo; sumado a la falta de reforma de la normativa de conflictos de interés y la adopción de una regulación de grupos de interés y un registro central de lobbies.
Por otro lado, la transparencia institucional enfrenta aún serias deficiencias. La Ley 19/2013 sigue pendiente de la reforma anunciada ya en el IV Plan de Gobierno Abierto y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de recursos suficientes, afectando su capacidad de supervisión. A ello se añade que el cumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de los partidos políticos es alarmantemente bajo, con un Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) que no supera el 55%. Paralelamente, la eliminación de agencias antifraude autonómicas, como en Baleares, y el debilitamiento de otras, como la AVAF, han generado una aplicación desigual de políticas anticorrupción en el territorio nacional. Solo cuatro Comunidades Autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas 11 Comunidades han establecido consejos de transparencia 2 .
Otro aspecto preocupante es la tardía adopción de la Ley 2/2023 y el retraso en su cumplimiento e implementación. Si bien Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. crea esta autoridad, la AIPI aún no se ha puesto en marcha y no existe un canal externo al que puedan acudir potenciales informantes. Asimismo, asistimos a una importante demora del sistema judicial en el enjuiciamiento de macrocausas de corrupción, carente de recursos adecuados3, un problema agravado por el largo bloqueo que afectó estos años a la renovación del CGPJ y cuyas consecuencias se traduce en la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, al propio funcionamiento del Tribunal Supremo y, en suma, debilitado el sistema judicial en su conjunto.
En el ámbito del Gobierno Abierto, persisten problemas de transparencia en la evaluación de compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto, con mecanismos de rendición de cuentas insuficientes. La fragmentación y descoordinación entre diversas iniciativas gubernamentales han dificultado avances reales en la materia. La reciente promoción del I Plan de Parlamento Abierto en el Congreso, con una consulta pública de apenas 15 días, refuerza la percepción de que estos procesos no cuentan con una participación efectiva de la sociedad civil.
2 Consejo de Transparencia de Aragón, Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Canarias), Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Consejo Regional de Transparencia de Castilla – La Mancha, Comissió de Garantia del Dret d ́acces a la Informació Pública, Consejo Valenciano de Transparencia, Comisión de Transparencia (Galicia). Consejo de Transparencia y Protección de Datos (Madrid), Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, Consejo de Transparencia de Navarra, Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.
3 Según el EU Justice Scoreboard 2023, España es el cuarto país con menos jueces por habitante en toda la UE, seguido de Irlanda, Francia, Malta y Dinamarca. Disponible aquí: https://commission.europa.eu/document/download/6729e7a6-1404-4be2- 9eed-4af439b8e45d_en?filename=2024%20EU%20Justice%20Scoreboard%20Quantitative%20Data%20Factsheet.pdf
En conjunto, estos factores han debilitado la percepción de la lucha contra la corrupción en España, según los informes de la UE4 y GRECO5. Sin reformas estructurales efectivas, el país seguirá enfrentando grandes desafíos en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional.
Resulta evidente que, como ha señalado, Silvina Bacigalupo, Presidenta de Transparency International-España:
“Una economía como la española no se puede seguir dando el lujo de no avanzar en las reformas institucionales anticorrupción necesarias que construyen y fortalecen nuestra democracia. La confianza en las instituciones es uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho sólido. Afrontamos tiempos muy difíciles para las democracias en el mundo y la Unión Europea y España, como uno de los EEMM sólidos de la Unión, deben poner prioridad en las políticas anticorrupción con urgencia”
Por su parte, David Martínez, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional España, declaró que:
“La prevención y lucha contra la corrupción no debe ser el punto de llegada sino el punto de partida. La corrupción afecta a los recursos y bienes sociales más básicos y a todas las personas. Pero afecta a unas más que a otras. Sin una voluntad real para llevar a cabo reformas sustanciales a nivel institucional, normativo y social, y sin poder garantizar mecanismos de participación efectiva y transparente de la sociedad civil en los planes y procesos de Estado y Gobierno Abierto, España seguirá enfrentando graves dificultades para mejorar su puntuación. Para cambiar estructuras hay que cambiar primero mentes”
DATOS GLOBALES DESTACADOS SOBRE LA CORRUPCIÓN
El IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, medido a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas externas6, en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy poco corrupto).
- Casi 6800 millones de personas viven en países con una puntuación del IPC inferior a 50. Esto equivale al 85 % de la población mundial de 8000 millones.
- Por séptimo año consecutivo, Dinamarca obtuvo la puntuación más elevada en el índice (90) e inmediatamente le siguen Finlandia (88) y Singapur (84)
4 Comisión Europea. Informe sobre el Estado de Derecho en 2024. Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España, disponible aquí: https://commission.europa.eu/publications/2024-rule-law-report-communication-and-country- chapters_es
5 https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
6 Bertelsamnn Foundation Sustainable Governance Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Global Insights Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, PRS International Country Risk Guide, World Economic Forum EOS, V-DEM and World Justice Project Rule of Law Index.
- Los países con las puntuaciones más bajas atraviesan, en su mayoría, situaciones de fragilidad y conflicto, como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13), Yemen (13) y Guinea Ecuatorial (13).
- A nivel europeo, los países con mejor puntuación en la región son: Dinamarca (90), Finlandia (88) y Luxemburgo (81) y los países con peor puntuación son: Rumanía (46), Bulgaria (43) y Hungría (41).
- Más de una cuarta parte de los países comprendidos en la muestra (47) obtuvieron hasta el momento su puntuación más baja en el índice, entre ellos, Austria (67), Bangladés (23), Brasil (34), Cuba (41), Francia (67), Alemania (75), Haití (16), Hungría (41), Irán (23), México (26), Rusia (22), Sudán del Sur (8), Suiza (81), los Estados Unidos (65) y Venezuela (10).
En los últimos 5 años, 7 países han mejorado significativamente su puntuación en el índice.
- Estos países son Costa de Marfil (45), la República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39).
Por el contrario, en el mismo periodo, 13 países han registrado un descenso importante en su puntuación.
- Los países que más descendieron son Austria (67), Bielorrusia (33), Bélgica (69), El Salvador (30), Francia (67), Kirguistán (25), el Líbano (22), Myanmar (16), Nicaragua (14), Rusia (22), Sri Lanka (32), el Reino Unido (71) y Venezuela (10).
ASPECTOS DESTACADOS A NIVEL MUNDIAL
Los niveles globales de corrupción siguen siendo – según el IPC – extremadamente elevados, y los esfuerzos por mitigarlos claudican. En el informe, se revela la presencia de niveles graves de corrupción en todo el mundo, donde más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre 100. El promedio global en el índice se mantiene sin variaciones en 43 puntos, lo que pone de manifiesto la necesidad de aplicar medidas urgentes contra la corrupción y advierte de un obstáculo global crítico que detiene la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas.
En un contexto de fenómenos climáticos extremos, calentamiento global sin precedentes, erosión de la democracia y un declive en el liderazgo mundial en materia climática, el mundo está contra las cuerdas en la lucha contra la crisis climática. La corrupción entorpece aún más esta lucha, y la comunidad internacional debe ocuparse de la relación que existe entre la corrupción y la crisis climática.
Los datos más recientes indican que las puntuaciones del IPC son inferiores o han descendido en muchos de los países que tienen una participación más activa en la acción climática internacional —entre ellos, aquellos vulnerables al cambio climático— y que son anfitriones de cumbres internacionales, como la Conferencia de las Partes (COP) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La corrupción obstruye la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas, ya que impide la adopción de políticas ambiciosas. En un informe reciente de Transparencia Internacional, se resalta la gran influencia que ejercen los grupos de presión de los combustibles fósiles en eventos como la COP, lo que también repercute en los centros políticos a escala mundial.
François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, señaló al respecto:
“La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos. Combatir la corrupción debe ser una prioridad absoluta y constante de la comunidad internacional y de todos los países. Esto es fundamental para hacer retroceder el autoritarismo y asegurar un mundo pacífico, libre y sostenible. Las tendencias peligrosas que se relevaron en el Índice de Percepción de la Corrupción de este año destacan la necesidad de responder con medidas concretas ahora a fin de abordar la corrupción global”
ASPECTOS DESTACADOS EN LA UNIÓN EUROPA Y EUROPA OCCIDENTAL
La capacidad de Europa Occidental para combatir la corrupción está cayendo peligrosamente, lo que dificulta la capacidad del bloque para proteger el Estado de Derecho, invertir en servicios públicos en crisis y luchar contra la crisis climática, según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2024 publicado hoy por Transparency International. El promedio regional ha disminuido por segundo año consecutivo, situándose en 64 sobre 100.
Las recientes catástrofes climáticas han sido un recordatorio contundente de que Europa no es inmune a las devastadoras consecuencias del cambio climático. Aunque muchos países de Europa Occidental son actores clave en la financiación climática, el CPI de este año ha puesto en evidencia las debilidades en los marcos de integridad de la región, lo que permite una influencia indebida de los lobbies empresariales en las políticas climáticas.
De los 31 países evaluados, solo seis mejoraron sus puntuaciones, mientras que 19 experimentaron un descenso. Grandes economías como Alemania (75) y Francia (67) están en declive, y hasta los tradicionalmente sólidos países nórdicos, como Noruega (81) y Suecia (80), han registrado sus peores puntuaciones hasta la fecha.
Flora Cresswell, Coordinadora regional y asesora europea de Europa Occidental en Transparency International, declaró:
«En un momento en el que la confianza en los responsables de la toma de decisiones públicas y la necesidad de medidas más estrictas contra la corrupción son más urgentes que nunca, la puntuación media del CPI en Europa ha caído por segundo año consecutivo. Las deficiencias en la integridad y los problemas persistentes en la contratación pública socavan la capacidad de la región para enfrentar desafíos globales como la crisis climática. Este año, la UE tiene la oportunidad de tomar medidas decisivas estandarizando las regulaciones anticorrupción en todo el bloque para revertir esta tendencia.»
LA CORRUPCIÓN Y LA CRISIS CLIMÁTICA
- La mayoría de los países que son sumamente vulnerables al cambio climático tienen una puntuación inferior a 50 en el IPC. Un gran número de personas corren un riesgo innecesario debido a que la corrupción obstaculiza los proyectos climáticos destinados a protegerlas. Esto subraya la necesidad crítica de aplicar medidas rigurosas de transparencia y rendición de cuentas a fin de garantizar el uso eficiente de estos fondos.
- En una investigación reciente de Transparencia Internacional, se comprobó el modo en que la corrupción puede socavar una “transición justa” hacia cero emisiones netas y se señalaron ejemplos concretos en Sudáfrica (41), Vietnam (40) e Indonesia (37), donde insuficientes salvaguardas han creado oportunidades que aprovecharon los actores sin escrúpulos.
- En Sudáfrica (41), se sustraen por mes cerca de 1000 millones de rands (más de USD56millones) de Eskom, una empresa estatal proveedora de energía, según su exdirector ejecutivo.
- Los países que sufren los peores efectos de la crisis climática obtienen las puntuaciones más bajas, como Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10). En Somalia, el cambio climático ha causado estragos en su economía agrícola y profundizó el conflicto que ya lleva 30 años en el país.
- Las debilidades sistémicas en el ámbito climático reflejan la necesidad de medidas más sólidas de integridad para evitar la captura de políticas por parte de la industria de los combustibles fósiles. Esto es especialmente urgente, ya que la región lucha por la resiliencia climática. Un claro ejemplo de ello es el retroceso en los objetivos de reducción de CO2 por parte de las grandes petroleras en Europa, con una red de 50 organizaciones que destinaron 64 millones de euros para amplificar su influencia en el Pacto Verde Europeo. En Francia (67), por ejemplo, los lobbies corporativos jugaron un papel clave en la redacción de la ley climática de 2021, influyendo en sus disposiciones finales.
- Los retrocesos y la débil aplicación de las normas anticorrupción siguen siendo un problema persistente, con algunos gobiernos debilitando o politizando los marcos de lucha contra la corrupción y permitiendo la erosión del estado de derecho. En Eslovaquia (49), el debilitamiento de la supervisión anticorrupción y la reducción de la participación pública han provocado un descenso en la puntuación. En Italia (54), el abuso de poder por parte de funcionarios públicos fue despenalizado el año pasado.
- La contratación pública sigue siendo un punto débil, ya que las lagunas en los marcos legales, la escasa aplicación de la ley y la falta de recursos frenan a los países de la UE. En Malta (46), altos funcionarios abusaron de su poder para favorecer intereses privados, poniendo en riesgo la salud pública. En Croacia (47), se eludieron las normas para adjudicar miles de millones de euros en fondos sanitarios a empresas privilegiadas.
- En el IPC también se señala el coste humano de la corrupción climática. Las personas defensoras de la tierra y el ambiente a menudo están al frente de la batalla contra la crisis climática, pero sus esfuerzos las exponen a la intimidación, la violencia e, incluso, la muerte. Estos hechos son más comunes en países con problemas graves de corrupción, puesto que casi todos los 1013 asesinatos de defensores ambientales que se cometieron desde 2019 tuvieron lugar en países cuya puntuación del IPC se ubica por debajo de 50.
Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparency International, afirmó:
«Se necesita una acción urgente a nivel mundial para erradicar la corrupción que socava la lucha climática mediante el robo, el uso indebido de fondos y la influencia desmedida. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben integrar medidas anticorrupción en sus esfuerzos climáticos para proteger la financiación y reconstruir la confianza. Solo enfrentando la corrupción de manera frontal podremos liberar todo el potencial de la acción climática y acelerar la lucha por el futuro de nuestro planeta.»
NOTA PARA LOS EDITORES
Para conocer la puntuación de cada país y los cambios que han registrado a lo largo del tiempo, así como para ver un análisis de cada región, consulte la página web del IPC 2024: https://www.transparency.org/en/cpi/2024 (se activará el 11 de febrero de 2025, a las 06.01 h, hora central europea).
La página de medios incluye el informe del IPC correspondiente a 2024, así como todos los conjuntos de datos, la metodología, los gráficos y el análisis adicional de seis regiones, que comprende a los países cuya situación es importante observar, como Omán (55), Italia (54), Indonesia (37), Ucrania (35) y el Reino Unido (71). Consulte https://www.transparency.org/en/cpi/2024/media-kit.
SOLICITUDES DE ENTREVISTAS
En caso de consultas de España contáctese ailen.rubio@transparencia.org.es
ACERCA DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. El índice asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios.
El proceso para calcular el IPC se revisa periódicamente para asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente fue llevada a cabo por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017. Todas las puntuaciones del IPC desde 2012 admiten la comparación entre un año y el siguiente. Para obtener más información, consulte el siguiente artículo: El ABC del IPC: Cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Prensa y Comunicación de TI-España
Ailén Rubio Arrieta, responsable de Prensa y Comunicación