La integridad política significa ejercer el poder político de forma coherente con el interés público, independientemente de los intereses privados, y no utilizar el poder para mantener la propia riqueza o el propio cargo o posición.
Para asegurar la integridad política es necesario que:
La falta de integridad política y la influencia indebida en los procesos de toma de decisiones públicas puede traer graves consecuencias en relación con la desviación de los recursos públicos y el direccionamiento de las políticas públicas. Asimismo, la falta de integridad política perpetúa las desigualdades, socava la democracia y priva a las personas de sus derechos humanos.
La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones, normas de procedimiento y decisiones por parte de los responsables políticos para abusar de su posición en beneficio propio.
Esto incluye, entre otras cuestiones, las siguientes:
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La rendición de cuentas, la transparencia y la integridad parlamentaria forman parte de los principios fundamentales de todo Estado de Derecho que dotan de legitimidad al sistema democrático reforzando la confianza entre la ciudadanía y el poder legislativo desempeñado por las Cortes Generales.
En TI-E trabajamos para promover mayor transparencia en el ámbito parlamentario, y es por eso que desarrollamos la plataforma Integrity Watch Spain, una plataforma interactiva y de uso fácil que ofrece una visión general de las declaraciones de bienes y rentas de los 350 Diputados y 264 Senadores de la Legislatura XIV.
Conozca más sobre el proyecto Integrity Watch.
Los lobbies ejercen una gran capacidad de influencia transformando demandas de las minorías en demandas sociales de una mayoría que puede ser aparente influyendo en decisiones gubernamentales para beneficiar los intereses que representan.
Es decir, ejercen un poder fáctico o real importante en el proceso de toma de decisiones sobre políticas públicas que afectan a la sociedad en su conjunto, sin que éstas necesariamente representen el interés común.
Es por ello que desde TI-E creemos que resulta necesario asegurar que los poderes públicos escuchen a todas las personas que potencialmente se pueden ver afectadas por las decisiones políticas garantizando que ello tenga lugar de forma equilibrada y en igualdad de acceso.
Una adecuada regulación del lobby contribuye a reducir los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, mejora la calidad en los procesos de toma de decisiones en democracia y promueve un mayor nivel de integridad y transparencia en las Administraciones públicas.