Este proyecto pretende hacer frente a los crecientes riesgos de corrupción, fraude y gobernanza deficiente en la gestión de los fondos públicos relacionados con el clima en España, especialmente en el contexto de la transición verde y el desarrollo sostenible. Con el creciente flujo de recursos nacionales y europeos dedicados a las políticas medioambientales, las infraestructuras verdes y la adaptación al cambio climático, resulta esencial garantizar que estos fondos se utilicen de forma eficiente, equitativa y con total transparencia.
Con este fin, la iniciativa pretende diseñar, aplicar y promover Pactos de Integridad Verde (GIP por sus siglas en ingles), instrumentos innovadores que fomentan la supervisión pública y la colaboración de múltiples partes interesadas en la contratación pública y las subvenciones vinculadas a objetivos climáticos. Estos pactos servirán no sólo como mecanismo para prevenir irregularidades e influencias indebidas, sino también para fomentar la participación de la sociedad civil, promover la rendición de cuentas y reforzar la confianza pública en el proceso de transición verde.
El proyecto está dirigido por Transparencia Internacional España (TI España) y cuenta con el apoyo de la Waverley Street Foundation (WSF) como parte del Climate Governance Integrity Project (CGIP). Otros colaboradores relevantes son:
A corto plazo, la aplicación de los Pactos de Integridad Verde mejorará la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública y las subvenciones relacionadas con el clima, reduciendo las oportunidades de corrupción y mala gestión. Al implicar activamente a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y agentes del sector privado, el proyecto fomentará una cultura de integridad y reforzará la confianza pública en el uso de los fondos verdes.
A largo plazo, aspira a contribuir a marcos de gobernanza más resistentes y transparentes para la financiación climática en España, sirviendo de modelo replicable para otros países.
Además, el proyecto ayudará a institucionalizar las mejores prácticas de contratación medioambiental y a reforzar la alineación del gasto público con los objetivos climáticos, la equidad y la sostenibilidad.